OPINIÓN: EDELAP: SIN INVERSIONES Y SIN AUDIENCIA PUBLICA NO HAY TARIFAS JUSTAS Y RAZONABLES

Henry Stegmayer, Pte. de la Asociación Consumidores Responsables

Juan Diego Gonzalez Morales, Pte. Centro de Estudios de los Servicios Públicos y el Medio Ambiente

El Poder Ejecutivo Provincial anunció un aumento para la concesionaria EDELAP del 7 % a partir del 1° de abril de 2021, el cual forma parte del TARIFAZO heredado de la gestión de Maria Eugenia Vidal y que fuera oportunamente suspendido por el Gobierno atento la potencial imposibilidad que la mayoría de las usuarias y usuarios pudieran hacer frente al mismo.

Ante esta situación creemos que el Gobernador Axel Kicillof tiene la oportunidad histórica de ampliar la participación ciudadana en esta materia y convocar por primera vez en la Provincia de Buenos Aires a una Audiencia Pública que ponga en el centro del debate las tarifas eléctricas "justas y razonables" que finalmente abonaran usuarias y usuarios. (Artículo 39° del Marco Regulatorio Eléctrico - Ley N° 11769)

Más allá de que la audiencia pública no es obligatoria, si existe una norma vigente que permite al Poder Ejecutivo convocarla para "...todo asunto de interés general que a criterio de la autoridad convocante amerite ser sometido a consideración de la ciudadanía." (Artículo 4° de la Ley N° 13569), brindándonos una verdadera oportunidad para discutir y debatir abiertamente y de cara a la sociedad tarifas justas y razonables, accesibles y asequibles, tal cual lo exige la jurisprudencia reinante en materia de servicios públicos.

Dicha convocatoria a audiencia pública podría realizarse a través del OCEBA, para escuchar a los usuarios, las asociaciones y demás organizaciones sociales, para informar detalladamente y debatir no sólo este último aumento proyectado, sino también la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017/2022 dispuesta por la gestión anterior, tal como se está realizando, con una muy importante participación ciudadana, el ENARGAS y el ENRE para las tarifas nacionales de gas y electricidad.

El primer aspecto a tener en cuenta es si las usuarias y usuarios estamos en condiciones de afrontar un nuevo aumento, por menor que sea, luego de los tremendos e impagables TARIFAZOS que la gestión de la ex Gobernadora autorizó para los concesionarios provinciales. La tarifa promedio aumentó un 2150 %, fundado en quita de subsidios a los costos mayoristas y aumento de ingresos para las concesionarias a través de las tarifas.

Un informe minucioso y detallado de la Subsecretaria de Energía Bonaerense del año 2020 dio cuenta del incumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de Edelap. Pese a que el Gobierno de Vidal le concedió la posibilidad que solo realizara el 48 % de las inversiones necesarias para el sostenimiento del servicio, esta realizó en los años 2018 y 2019 solo el 85% y el 60% respectivamente de la inversión comprometida.

Dicho incumplimiento en el nivel de inversiones se vio reflejado en graves eventos tales como el Apagón por falla doble en el sistema de alimentación de Alta Tensión en la Sub Estación City Bell, en el cual 43.000 usuarios de EDELAP sufrieron la interrupción del servicio público de energía eléctrica por varios días en junio de 2019.

Del informe citada se puede inferir que la mencionada revisión tarifaria se realizó sin información suficiente, con ausencia de análisis técnicos completos para la definición de importantes supuestos, y que la definición de los mismos siempre se orientó a justificar el incremento de los ingresos finalmente reconocidos a las distribuidoras. Por otra parte, también sobresale la ausencia de un cronograma de ejecución de obras pautadas y de procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas.

Por lo cual, a nuestro entender, existió por parte del Poder Ejecutivo Provincial de ese momento, una clara intencionalidad de beneficiar al sector empresarial, en perjuicio de los usuarios del servicio público de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires.

Creemos que primero debería discutirse en audiencia pública esas inversiones no realizadas, y conminar a la empresa a realizarlas, previo a autorizarle un nuevo aumento o levantar la suspensión de los TARIFAZOS de Vidal, bajo apercibimiento de caducidad de la concesión.

En su momento manifestamos nuestro beneplácito por la suspensión de los aumentos autorizados para el año 2020, como así también, en conjunto con varias asociaciones de consumidores y la Red Nacional de Multisectoriales, logramos que se presentara en el Senado Bonaerense un proyecto de Ley para la creación de una Comisión Bicameral que echara luz sobre la Revisión Tarifaria Integral 2017/2022 cuestionada por el actual Gobierno.

Hoy reiteramos lo que siempre hemos sostenido, el acceso al servicio público de electricidad es un derecho humano y por ello debemos cambiar el paradigma del debate a la hora de analizar nuevos esquemas tarifarios, no empezando la discusión sobre que porcentaje de aumento necesita el concesionario, sino cual es el monto de la tarifa que pueden pagar los usuarios, para que esta sea considerada justa, razonable y no confiscatoria, y en ese camino la audiencia pública puede ser una herramienta de la democracia que permita lograr que los servicios públicos se transformen en un verdadero derecho.