DENUNCIA PENAL POR LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN VACUNATORIO “VIP” ENTRE CONCEJALES PLATENSES

Quedó radicada en la justicia penal platense, una denuncia tendiente a que el Fiscal en turno investigue la posible existencia de un vacunatorio "VIP" en el bloque de concejales del Frente de Todos de La Plata. La misma tuvo origen en las declaraciones de la edil Ana Herran Castagneto, quien habría admitido que la mayoría de ellos se habian vacunado en diciembre último, con lo cual se burlaría el plan de vacunación vigente que, en esa fecha, sólo preveía tales aplicaciones para médicos y demás integrantes del sistema de salud.

La denuncia y pedido de investigación, fue presentada hoy por Marta Correa, con el patrocinio del letrado Marcelo Garofalo ante el agente Fiscal en turno, por la posible comisión "prima facie" de los delitos previstos en los artículos 248, 261 y 293 del Código Penal que configuran los de "omisión de los deberes del funcionario público", "peculado" y "falsedad ideológica" entre otras tipificaciones, cuyas penas prevén entre un mínimo de un mes a 10 años de prisión y hasta inhabilitación perpetua para ejercer cargo públicos.

La denunciante tomó como uno de los fundamentos principales, a la declaración que en plena sesión de ayer, 19 de mayo, habría formulado la concejala Ana Herran Castagneto, quien habría afirmado que "la mayoría de nosotros estamos ya vacunados desde diciembre"

"La afirmación, de confirmarse, podría implicar que varias personas se habrían inoculado ilegalmente dosis de las vacunas adquiridas por el Estado Nacional, transgrediendo el Plan Estratégico de Vacunación implementado en la Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación", aseguro la denuncia.

En la misma, se añadió que la mencionada concejal "habría ofrecido a los periodistas un certificado de vacunación, de donde surgiría que recibió las dos dosis de la vacuna (la primera el 13.04.2021 y la segunda el 12.05.2021)" y que esto "podría implicar asimismo una transgresión a la ley penal, en tanto es de público y notorio las dificultades que tiene nuestro país y sus habitantes para que accedan a la segunda dosis, que en este caso se habría aplicado con menos de un mes de diferencia, y que actualmente todavía miles de adultos mayores de 70 y 80 años pudieron acceder a la misma".

En tanto se aseveró que "lo expuesto, en el marco de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19, podría ser una conducta no solo reprochable jurídicamente, sino moralmente, especialmente para aquellos que esperan la aplicación de la vacuna, el personal de salud, de seguridad, los adultos mayores y el universo de sectores priorizados para el estado para ser inoculados".

De admitirse la denuncia, corresponde al agente fiscal la investigación de la presunta comisión de delitos y la determinación de sus probables autores.