APOYAN DENUNCIA PENAL CONTRA ARANGUREN

Las Asociaciones CONSUMIDORES RESPONSABLES y el CESPMA emitieron un comunicado en el cual manifestaron su total apoyo a la denuncia penal presentada por el Interventor del ENARGAS, contra el Ex Ministro Aranguren y reclamaron por la necesidad de derogar o suspender el Art. 7° del Decreto 1053/18 que obliga al estado nacional a pagarle a las empresas para paliar los costos de las devaluaciones.

Texto completo de

"Expresamos nuestro total apoyo al accionar del Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, que denunció penalmente a Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía y Minería (MINEM), Marcos Porteau, ex Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del MINEM, y al ex Directorio del Ente por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.

La denuncia presentada pone al descubierto como las empresas, con la complicidad de Aranguren, aumentaron artificialmente el precio de gas en dólares, para luego, no satisfechos con esto, con la gestión de Iguacel y Lopetegui y devaluación mediante, reclamar una diferencia cambiara por la devaluación del peso frente al dólar y pedir un subsidio de 24.524.000 que debemos pagar no solo los usuarios de gas, sino los Argentinos en su totalidad, aun aquellos que ni siquiera tienen el servicio.

Solicitamos la suspensión o derogación del Art. 7 del decreto 1053/18. Esto implicó que el Estado Nacional asuma, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período.

El Estado Nacional, asumió la deuda privada de las empresas Distribuidoras con las empresas Productoras debido a que el monto del contrato en dólares -a tipo de cambio variable-, y en lugar de cuestionar o rechazar el precio pactado por las empresas en dólares y por dos años -en contra de lo establecido por la ley 24.076-, decidió asumir esa deuda de las Distribuidoras a los proveedores en el Presupuesto Nacional.

Esto generó un perjuicio económico que asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes.